El Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público de Panamá “Dra. Clara González de Behringer” desarrolló, los días 25 y 26 de agosto de 2026, la jornada de capacitación “Acuerdos de Pena y Acuerdos de Colaboración”, dirigida a fiscales.
La jornada contó con la participación de varios fiscales como facilitadores, entre ellos Delia A. De Castro Díaz, Fiscal Superior, Directora del Instituto Superior de Formación de Fiscales y Secretaria de Política de Persecución Penal, quien estuvo a cargo del cine debate, una metodología que permitió analizar situaciones relacionadas con la negociación, la aceptación de responsabilidad y la colaboración, así como identificar elementos vinculados con los acuerdos de pena y los acuerdos de colaboración.
Posteriormente, se desarrolló un análisis normativo con enfoque práctico, que permitió a los participantes examinar el momento procesal oportuno para su presentación y los criterios que deben considerarse para ponderar la sanción.
Entre los contenidos desarrollados se incluyeron la fundamentación de los acuerdos de pena, su concepto, finalidad y relevancia en el Sistema Penal Acusatorio; el análisis normativo sobre los delitos a los que aplican, el momento procesal oportuno y los criterios para ponderar la sanción; así como aspectos relacionados con la negociación, la participación de la víctima, la reparación del daño y la recuperación de activos.
Estos contenidos fueron facilitados por los fiscales Noel Rodríguez, Adonis Marquínez, William Granados, Jania González y Enrique Chen.
Como parte de la jornada se realizaron diversos talleres prácticos, orientados al análisis y resolución de casos, así como un taller sobre la aplicación de la Guía de Actuación del Ministerio Público para los Acuerdos de Pena con la Defensa, con énfasis en el procedimiento para su tramitación, aprobación, intervención del Fiscal Superior, participación de la víctima y presentación ante el Juez de Garantías.
De manera especial, se reforzaron los conocimientos para aplicar correctamente la guía institucional, realizar la dosificación y el cálculo de la pena, y considerar criterios relacionados con la recuperación de activos ilícitos, procurando que estos mecanismos sean utilizados de forma adecuada y fundamentada.
