viernes 9 de diciembre de 2016
  • Jueves 18 agosto , 2016

Fiscal Javier Caraballo lanza libro sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

El abogado, especialista en Derecho Penal y fiscal Segundo Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, Javier Caraballo Salazar hizo el lanzamiento de su primer libro “Recopilación Comentada de Normas de Blanqueo de Capitales y financiamiento del Terrorismo” en  la  XII Feria Internacional del Libro, en el Centro de Convenciones ATLAPA.

Esta obra del Fiscal es lanzada por la Editorial Grupo de Estudios e Investigaciones Jurídicas (GEIJ), integrada por un grupo de panameños que impulsan investigaciones jurídicas y nace a raíz de una serie de reformas que se hicieron a la legislación panameña sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, con la entrada de Panamá a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Para poder salir de la lista gris, Panamá reformó su estructura de prevención y represión de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo.  El libro del fiscal Caraballo recopila todas las normas actuales sobre esta legislación acompañada de comentarios del escritor, que contribuyeron a la reforma de  la legislación panameña, así, como la interpretación de la norma, el alcance de la misma en materia de blanqueo de capitales en prevención y represión.

El Fiscal del Ministerio Público ha participado en congresos nacionales e internacionales en calidad de expositor en temas relacionados al lavado de dinero, narcotráfico, cooperación judicial internacional y financiamiento del terrorismo y formó parte del equipo técnico, que en representación del Ministerio Público, desarrollaron e hicieron los ajustes legales y normativos que llevaron a Panamá a salir de la lista Gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde junio del 2104 hasta la salida en 2016.

Caraballo tuvo amplia participación en la Asamblea nacional en la discusión de la Ley 23 de abril de 2015, que otorga medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en conjunto con otras entidades, como parte del grupo que representó al  Ministerio Público.