viernes 9 de diciembre de 2016
  • Sábado 10 septiembre , 2016
Autoridades capturan a otro cabecilla de red desmantelada hace meses

Fiscal pide a ciudadanía denunciar casos de Trata de Personas

El fiscal Especializado contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación, Rafael Baloyes, realizó un llamado a la población que de tener conocimiento sobre algún caso de Trata de Personas, presenten la denuncia ante la autoridad correspondiente.

Esta denuncia puede ser realizada por la ciudadanía ya sea de manera personal o de manera anónima llamando a los teléfonos 505-3233 ó 505-3234 de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, garantizando la reserva de la información proporcionada.

Esta declaración se desprende después que el pasado 6 de septiembre fue capturado otro presunto cabecilla de una red desmantelada el pasado mes de julio, que se dedicaba a la trata de personas y operaban en el PH Ever Island del sector de Bella Vista, de acuerdo al fiscal Baloyes.

El sujeto fue capturado en el área de Monte Limar, La Chorrera, a través de una investigación de seguimiento dirigida por la Fiscalía en una acción conjunta con la Policía Nacional.

De acuerdo al fiscal Baloyes, se logró incorporar elementos de pruebas que acreditan la vinculación del ciudadano de nacionalidad panameña, como otro de los cabecillas, que captaba, publicitaba, promovía, y financiaba la actividad ilícita.

Es importante señalar textualmente el artículo 456-A del Código Penal, el cual establece que: “Quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite, o gestione por cualquier medio de comunicación individual o de masas, o de cualquier otra forma facilite la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de una persona de cualquier sexo, para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, será sancionado con prisión de quince a veinte años.”

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